LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

LA VIOLENCIA  CONTRA LA MUJER Y VIOLENCIA  INTRAFAMILIAR
marzo 31 13:52 2014 Print This Article

QUE ES Y COMO ERRADICARLA DE TU AMBITO FAMILIAR

Si bien existen ciertas dificultades para encontrar una definición precisa y de aceptación universal de los conceptos “violencia contra la mujer” y “violencia familiar”, en la comunidad internacional se reconoce que la mujer tiene derecho a una vida sin violencia; México es parte de esa comunidad internacional, por tanto en nuestro país el combate contra la violencia contra la mujer es hoy por hoy un imperativo social al cual los funcionarios y funcionarias públicos tienen la obligación de responder; las diferentes instituciones del Estado tienen la obligación de hacer realidad el derecho de toda mujer, independientemente de su edad o condición social, a una vida digna y sin violencia.

Desde hace ya casi cuatro lustros, en nuestro país se trabaja intensamente por modificar los parámetros de conducta que producen agresiones a mujeres y niñas y a la violencia familiar. El primer fruto institucional significativo es, desde mi punto de vista, la creación del primer Centro de Atención a las Víctimas de Violencia Intrafamiliar (CAVI) en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. A partir de ahí, se han desarrollado en toda la república planes y programas concretos para la atención de este fenómeno social, se revisan los códigos civil y penal para introducir este concepto, se promulgan leyes ad hoc y, hacia fines del sexenio zedillista, se creó el Programa Nacional contra la Violencia Intrafamiliar 1999-2000 (Pronavi), a través del cual se intentó coordinar todas estas actividades en los tres niveles de gobierno.

En el Pronavi no se propone una definición de violencia familiar, pero se explicaron sus características. Así, se indicó que es un fenómeno expandido que no suele ser denunciado, aunque ha dejado de ser un fenómeno oculto; los hechos violentos se practican en ese espacio social en el cual se supone que las personas deberían encontrar protección -es decir, la familia-; se trata de expresiones abusivas de poder; se constituye tanto de acciones como de omisiones de carácter físico o psíquico; sus víctimas son las personas más vulnerables del núcleo familiar; los principales agresores son los varones jefes de familia o los hermanos mayores.

Con dicho programa se afirmó que la violencia familiar pone en peligro no sólo la integridad física y mental de las víctimas sino también su salud y su vida: que los actos de violencia en el núcleo familiar, inhiben, cuando no destruyen por completo, las posibilidades de desarrollo de niños y niñas, así como afectan la capacidad productiva de las mujeres.

Es cierto que los aspectos jurídicos relacionados con la familia son de competencia local, en los términos del artículo 124 de la Constitución federal. Sin embargo, la propia carta magna en su artículo 4o. establece tres premisas: la igualdad entre el varón y la mujer, la protección que la ley debe dar a la organización y el desarrollo de la familia y el derecho a la protección de la salud. En este contexto, siendo la violencia familiar un problema que atañe, entre otros, a la salud de las personas y al desarrollo de la familia, la legislación federal debe atenderla. Con estos fundamentos se promulgó la norma de salud que contiene los Criterios para la atención médica de la violencia familiar.

En su introducción se reconoce que subsisten desigualdades entre el varón y la mujer en el núcleo familiar, lo cual propicia situaciones de violencia y maltrato hacia los miembros más débiles de este grupo.

Esta norma define a la violencia familiar como “El acto u omisión único o repetitivo, cometido por un miembro de la familia, en relación de poder -en función del sexo, la edad o la condición física-, en contra de otro u otros integrantes de la misma, sin importar el espacio físico donde ocurra el maltrato físico, psicológico, sexual o abandono”.

En esta norma de salud, se establece que la violencia familiar comprende, como se observa en la definición que antecede, cuatro elementos que pueden presentarse aislados, combinados o simultáneos: el abandono, el maltrato físico, el psicológico y el sexual.

Se entienden por el primero de estos elementos: el desamparo injustificado hacia uno o varios miembros de la familia con los que se tienen obligaciones que derivan de las disposiciones legales y que ponen en peligro la salud.

Por maltrato físico se entiende “el acto de agresión que causa daño físico“; por maltrato psicológico “la acción u omisión que provoca, en quien lo recibe alteraciones psicológicas o trastornos psiquiátricos”; por maltrato sexual, “la acción u omisión mediante la cual se induce o se impone la realización de prácticas sexuales no deseadas o respecto de las cuales se tiene incapacidad de consentir”.

En este mismo capítulo de definiciones, la norma indica que la atención médica de la violencia familiar es el …conjunto de servicios que se proporcionan con el fin de promover, proteger y restaurar la salud física y mental, de las y los usuarios involucrados en situación de violencia familiar. Incluye la promoción de relaciones no violentas, la prevención de la violencia familiar, la detección y el diagnóstico de las personas que viven esa situación, la evaluación del riesgo en que se encuentran, la promoción, protección y restauración de su salud física y mental a través del tratamiento o referencia a instancias especializadas.

En este mismo capítulo de definiciones, se diseñan una serie de indicadores que deben permitir identificar a los grupos vulnerables; el grado de riesgo, la presencia de la violencia familiar y la gravedad de la misma; indicadores de abandono, de maltrato físico, psicológico y sexual.

Es importante destacar que esta norma es de aplicabilidad obligatoria para todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud y, dentro de los servicios que éstas han de prestar, se incluye la promoción, protección y restauración de la salud física y mental a través del tratamiento, tanto de las víctimas como de los probables agresores.

En el Distrito Federal se promulgó la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliaren la cual se entiende que violencia familiar es todo acto de poder u omisión intencional, recurrente o cíclico, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psico-emocional o sexualmente a cualquier miembro de la familia dentro o fuera del domicilio familiar, que tengan parentesco o lo hayan tenido por afinidad, civil, matrimonio, concubinato o mantengan una relación de hecho, y que tiene por efecto causar daño.Estos actos, en los términos de la Ley, pueden ser físicos, psíquicos o sexuales; se entiende por cada uno lo siguiente:

Por maltrato físico, todo acto de agresión intencional repetitivo, en el que se utilice alguna parte del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física del otro, encaminado hacia su sometimiento y control.

Por maltrato psicoemocional, el patrón de conducta consistente en actos u omisiones repetitivos, cuyas formas de expresión pueden ser: prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, amenazas, actitudes devaluatorias, de abandono y que provoquen en quien las recibe, deterioro, disminución o afectación a su estructura de personalidad.

No se consideran maltrato emocional los actos que tengan por objeto reprender o reconvenir a los menores de edad, siempre que éstos sean realizados por quienes participen en la formación y educación de los mismos, con el consentimiento de los padres del menor, y se demuestre que están encaminados a su sano desarrollo.

Todo acto que se compruebe que ha sido realizado con la intención de causar un daño moral a un menor de edad, será considerado maltrato emocional en los términos de este artículo, aunque se argumente como justificación la educación y formación del menor.

Por maltrato sexual, al patrón de conducta consistente en actos u omisiones reiteradas y cuyas formas de expresión pueden ser: negar las necesidades sexoafectivas, inducir a la realización de prácticas sexuales no deseadas o que generen dolor, practicar la celotipia para el control, manipulación o dominio de la pareja y que generen daño. Así como los delitos a que se refiere el Título Decimoquinto del Código Penal para el Distrito Federal, es decir, aquellos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, respecto a los cuales la presente Ley sólo surte sus efectos en el ámbito asistencial y preventivo.

Posteriormente a la promulgación de esta ley, en el Distrito Federal se hicieron reformas a los códigos civil y penal con el fin de dar cabida a los conceptos de violencia familiar o doméstica en ambas materias y, en el interior de la república, al día de hoy, por lo menos los siguientes estados han legislado en esta materia ya sea a través de reformas a los ordenamientos vigentes o mediante una ley ad hoc: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. En las definiciones de los instrumentos legales correspondientes, se encuentran casi todos los elementos hasta aquí señalados.

Se trata de un aspecto que merece una atención y un análisis profundo que los objetivos y extensión de este artículo no permiten. Por el momento, basta retener que, desde mi punto de vista, no todas las combinaciones son acertadas y que algunas de las definiciones con que se cuenta hacen distinciones poco útiles entre violencia intrafamiliar y violencia doméstica, como es el caso de la Ley de prevención y atención de la violencia intrafamiliar o doméstica en el Estado de San Luis Potosí o la diferencia que hacen los códigos civiles del Distrito Federal y de Oaxaca entre las causales de divorcio de sevicia, injurias, malos tratos, por un lado, y la violencia familiar, por otro.

Es cierto que un esfuerzo de interpretación puede salvar las confusiones que surgen de la primera lectura de estas definiciones, sin embargo, sabemos que los abogados litigantes son poco proclives a aceptar interpretaciones integradoras, y que los juzgadores tienden a hacer interpretaciones literales de la norma, de tal suerte que se limita mucho la protección que se puede dar a las víctimas de la violencia familiar.

Lamento, también, que algunas definiciones sean tan precisas que se convierten en verdaderas camisas de fuerza, limitan la capacidad de análisis del juzgador y dificultan la interpretación. Es el caso del artículo 323 ter del Código Civil del Distrito Federal, en el cual se pone como condición para que se configure la figura de violencia familiar el que tanto el agresor como la víctima vivan en el mismo domicilio y tengan una relación de parentesco. Definición a la que se remite, como señalé, la nueva causal de divorcio, pero que no se retoma en el código penal, de ahí que puede suceder que un mismo hecho reciba dos conclusiones distintas dependiendo de la materia en que se juzgue. Ello, independientemente de que el legislador del Distrito Federal desconoció que en muchas de las familias disfuncionales, el agresor y la víctima no necesariamente viven bajo el mismo techo; ignora, también, que los círculos de violencia no se alcanzan a romper aunque haya mediado un divorcio entre los cónyuges y que, supuestamente, la víctima y el agresor ya no habitan en el mismo hogar.

A pesar de estas incongruencias y errores, es cierto que la actividad programática y legislativa que se ha desarrollado en nuestro país, es un esfuerzo por romper el círculo vicioso de ocultamiento y tolerancia que envuelve esta particular forma de violencia de género, pero, también es cierto que las reformas legislativas por sí solas no hacen el cambio. Por ello, se requiere revisar y modificar las estructuras sociales que favorecen las conductas indeseables.

La Violencia familiar es un problema de índole “privado” cuyas consecuencias trascienden el núcleo familiar y afectan al conjunto de la sociedad, convirtiéndose, así, en un problema social que implica una enorme derrama en salud, asistencia, procuración y administración de justicia. Es un problema que genera violencia social, tanto como fortalece la cultura de la impunidad. Es un problema que requiere acciones de Estado firmes y claras para combatirlo y erradicarlo; acciones que se deben dar tanto en el ámbito legislativo como judicial; tanto en los sectores de educación, atención a la salud, desarrollo social, como de gobierno.

En este sentido, retomo una de las afirmaciones hechas durante la IV Conferencia Mundial de la Mujer, ahí se dijo:

Los actos o las amenazas de violencia ya se trate de los actos que ocurren en el hogar o en la comunidad o de los actos perpetrados o tolerados por el Estado, infunden miedo e inseguridad en la vida de las mujeres e impiden lograr la igualdad, el desarrollo y la paz.

La adopción de un enfoque integral y multidisciplinario que permita abordar la complicada tarea de crear familias, comunidades y Estados libres de la violencia contra la mujer es no sólo una necesidad, sino una posibilidad real. La igualdad, la colaboración entre mujeres y hombres y el respeto de la dignidad humana deben permear todos los estadios del proceso de socialización. Los sistemas educacionales deberían promover el respeto propio, el respeto mutuo y la cooperación entre mujeres y hombres.

La procuración y la administración de justicia tienen una labor qué realizar en este enfoque integral y multidisciplinario. Para hacerlo es necesario contar con elementos que nos faciliten la comprensión del fenómeno y la tarea de interpretación. Así, nos toca extraer de las definiciones propuestas tanto en el ámbito internacional como nacional, aquellos elementos comunes que nos ayuden a realizar de la mejor manera esta labor.

Como primer paso se debe entender que este tipo de violencia es parte de la vida de millones de mujeres precisamente porque existen estructuras sociales que la facilitan y legitiman. Es una violencia basada en el género. una expresión abusiva de poder cuyo objetivo es mantener sometida a la víctima produciéndole una disminución en su propia estima hasta paralizarla en todos los ámbitos sociales. Es una violencia oculta y, al mismo tiempo, tolerada por la sociedad.Tiene una naturaleza polifacética; es cíclica, recurrente y sistemática.

A partir de estas premisas, tenemos que tener en cuenta que la violencia familiar afecta de manera directa y dramática a todos los miembros de la familia -incluido el agresor-; es tanto una de las formas de violencia contra la mujer como parte del problema de la niñez maltratada. Un niño o niña que crece en un medio hostil en el cual la falta de respeto, las agresiones físicas, sexuales y psicológicas, el abandono y el descuido son la constante, como sucede en las familias que padecen este yugo, son niños y niñas maltratados aunque no sean los sujetos directos de las agresiones.

También se debe tener presente que la violencia familiar es un fenómeno muy complejo porque normalmente existen fuertes vínculos de lealtad, afecto o dependencia entre la persona agresora y la persona agredida; porque se genera un círculo vicioso en donde las personas que ahora son víctimas de esa violencia, en el futuro, y repitiendo la conducta aprendida, serán, a su vez, las agresoras o, tratándose de las niñas, permitirán, en su madurez, que sus compañeros las maltraten como vieron que fue maltratada su madre.

Es tarea del Estado, a través de sus funcionarios, dar luz y enfocar de manera adecuada, sin prejuicios, las diferentes facetas de este problema para afinar los instrumentos de prevención, detección, sanción y erradicación de la violencia familiar. Por el momento, es evidente la falta de claridad en las definiciones jurídicas que se han pretendido elaborar sobre el concepto de violencia familiar lo cual dificulta la tarea de impartición y procuración de justicia

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